NOTICIASPUBLICACIONES

En nombre de la democracia

Nuestro país se ha convertido en un escenario de violencia y de criminalización de la protesta social que se visibiliza en los conflictos socio-ambientales irresueltos pese a contar con una frondosa legislación ambiental e instituciones que deben prevenir y resolverlos concertadamente.

Este escenario se agrava cuando está orientado hacia los defensores(as) de derechos ambientales, teniendo el saldo de 18 muertos desde el inicio de la pandemia y estos últimos acontecimientos de las Bambas, y ahora asesinatos de mineros informales e ilegales nos lleva a preguntarnos: ¿Dónde está el gobierno?, ¿Qué estrategias de prevención tienen para evitar escenarios de represión policial contra las comunidades, pescadores y pueblos indígenas?

Hubo un esfuerzo desde la sociedad civil para la firma del Acuerdo de Escazú que por posiciones obstruccionistas y desinformación en alianza con la sociedad nacional de Industrias, Sociedad Nacional de Energía y Minas y el lobby de las petroleras lograron que la mayoría fujimorista se opusiera a la ratificación del acuerdo y tirara por la borda la expectativa de miles de ciudadanos/as que demandan acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental, así como la defensa de defensores ambientales.

El encuentro nacional de líderes/as de Costa, Sierra, Selva y Amazonía se concentrará del 14 al 17 de Junio, juntos por la defensa de la vida y contra la impunidad, hacer sentir su presencia ante los tres poderes del estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial con propuestas que hagan posible revertir la alianza perversa entre empresarios mineros, petroleros y gasíferos contra quienes defienden la vida y territorio.

Es fatal para nuestra democracia institucionalizar la violencia e impunidad como práctica ante la incapacidad del MINAM, MINEM, PRODUCE y Viceministerio de Gobernanza Territorial de prevenir y resolver conflictos socioambientales de manera pacífica y vinculante.

Es hora de tomar decisiones y elevar la valla ambiental, dejar de regalar nuestro territorio, incluido el mar, en nombre de una malentendida inversión que ha devenido en mercantilización de la naturaleza y violación flagrante de derechos de defensores y defensoras ambientales.

Requiere capacidad y voluntad política de un gobierno que no puede mancharse las manos de sangre ni cubrirse las espaldas en una oscura sombra de petróleo.

¡El tiempo es hoy!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *