En nombre de la democracia
Nuestro país se ha convertido en un escenario de violencia y de criminalización de la protesta social que se visibiliza en los conflictos socio-ambientales irresueltos pese a contar con una frondosa legislación ambiental e instituciones que deben prevenir y resolverlos concertadamente.
Este escenario se agrava cuando está orientado hacia los defensores(as) de derechos ambientales, teniendo el saldo de 18 muertos desde el inicio de la pandemia y estos últimos acontecimientos de las Bambas, y ahora asesinatos de mineros informales e ilegales nos lleva a preguntarnos: ¿Dónde está el gobierno?, ¿Qué estrategias de prevención tienen para evitar escenarios de represión policial contra las comunidades, pescadores y pueblos indígenas?
Hubo un esfuerzo desde la sociedad civil para la firma del Acuerdo de Escazú que por posiciones obstruccionistas y desinformación en alianza con la sociedad nacional de Industrias, Sociedad Nacional de Energía y Minas y el lobby de las petroleras lograron que la mayoría fujimorista se opusiera a la ratificación del acuerdo y tirara por la borda la expectativa de miles de ciudadanos/as que demandan acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental, así como la defensa de defensores ambientales.
El encuentro nacional de líderes/as de Costa, Sierra, Selva y Amazonía se concentrará del 14 al 17 de Junio, juntos por la defensa de la vida y contra la impunidad, hacer sentir su presencia ante los tres poderes del estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial con propuestas que hagan posible revertir la alianza perversa entre empresarios mineros, petroleros y gasíferos contra quienes defienden la vida y territorio.
Es fatal para nuestra democracia institucionalizar la violencia e impunidad como práctica ante la incapacidad del MINAM, MINEM, PRODUCE y Viceministerio de Gobernanza Territorial de prevenir y resolver conflictos socioambientales de manera pacífica y vinculante.
Es hora de tomar decisiones y elevar la valla ambiental, dejar de regalar nuestro territorio, incluido el mar, en nombre de una malentendida inversión que ha devenido en mercantilización de la naturaleza y violación flagrante de derechos de defensores y defensoras ambientales.
Requiere capacidad y voluntad política de un gobierno que no puede mancharse las manos de sangre ni cubrirse las espaldas en una oscura sombra de petróleo.
¡El tiempo es hoy!
