María Elena Foronda Farro

Excongresista de la República, directora del Instituto Natura

 

A menos de dos horas de viaje en carro desde Chiclayo, se encuentra el Área de Conservación Privada (ACP) Chaparrí, que alberga en sus cerca de 32 mil hectáreas de bosque seco a una importante biodiversidad de especies que son reserva de recursos genéticos de especies amenazadas como el zorro costero, la pava aliblanca y el oso de anteojos, entre otros.

Reconocido como sitio de turismo comunitario por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur) y premiado por prácticas comunitarias de conservación a nivel internacional, Chaparrí se encuentra hoy bajo amenaza del sicariato y la corrupción.

Conservar este valioso ecosistema y convertirlo en una exitosa experiencia de turismo comunitario, ha sido posible gracias a la presencia de comunidades que se reconocen y afirman pueblos originarios muchik, como la comunidad Santa Catalina de Chongoyape, guardianes del bosque y de conocimientos ancestrales milenarios que resisten estoicamente a las agresiones violentas de sicarios y falsos comuneros, cuyo propósito es la imposición de un proyecto de especulación de tierras con fines urbanos y de agroindustria, a favor de grandes empresas.

Las amenazas que hoy en día sufren los comuneros de Santa Catalina de Chongoyape por cuidar el bosque de Chaparrí, van desde el acoso directo, persecución, demandas judiciales, agresiones a familiares, quema y asalto de bienes, entre otros, hasta el asesinato como el de Napoleón Tarrillo, en diciembre del 2020, perpetrado por una banda de sicarios.

Esta semana una nueva incursión de delincuentes y sicarios ha ocasionado destrucción en los domicilios de los comuneros de Chaparrí, han violentado a mujeres y niños en sus propias viviendas para obligarlos a salir. La horda atacó con armas punzocortantes, piedras, palos y gasolina, pero también amenazó con armas de fuego.

Esta situación nos muestra que estamos ante un mundo al revés. Se agrede impunemente a quienes cuidan la vida y la biodiversidad ante la mirada paciente e inactiva (cómplice) de instituciones que deberían garantizar el estado de derecho. Y eso que las personas agredidas son reconocidas como defensoras ambientales y protegidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Ojalá la fiscalía, como parte de la aplicación del mecanismo multisectorial de defensores de derechos humanos vigentes, haga algo urgentemente.

Ante esta situación extremadamente grave, demandamos la intervención y presencia directa del Ejecutivo con firmeza. Este no es un lío entre comuneros, es la acción violenta del crimen organizado en la región Lambayeque. Nos reafirmamos por salidas pacificas e institucionales con presencia activa del Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Defensoría del Pueblo,  Mincetur, Ministerio Público y el Minjus, para proteger la vida de los comuneros de Santa Catalina de Chongoyape, la reserva y desarrollo ecoturístico de Chaparrí como primera área de conservación privada comunitaria del país.

No hacerlo y quedarnos en silencio nos volvería cómplices de la corrupción y el sicariato que atenta contra un pueblo que dignamente se resiste a desaparecer, cuyo pecado es la defensa de la vida de todos(as).