Opinión

El gran negociado de las petroleras

Nuestro país está plagado de historias de saqueo y corrupción, tan manchada como los derrames de petróleo: No solo fue la página 11 en el gobierno de Belaunde de Acción Popular, le siguió los negociados de Klimper y el faenón de Rómulo León del APRA, y el favorzote que hizo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (ex ministro de Economía en la época de Belaunde), al dejar aprobado entre gallos y medianoche siete DS que autorizaban las concesiones para la exploración y explotación de petróleo en nuestro litoral peruano. Logramos derogarlos gracias a la lucha conjunta entre pescadores artesanales y congresistas del Frente Amplio.

En el Congreso del 2016, los que presidían la Comisión de Energía y Minas de la bancada de Acción Popular, en alianza con el ex parlamentario fujimorista; Juan Carlos del Aguila y lobbystas aliados de la SNMP, trataron sin éxito de aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos para ampliar en automático las concesiones de explotación de petróleo a las operadoras privadas, incluyendo además el fracking en ese proceso.

Esta vez vuelven a la carga con la iniciativa legislativa que ya tiene dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas PL804/2021 del Congresista de Acción Popular; Carlos Alva, sin tomar en cuenta las propuestas de sus colegas para que tenga un mejor análisis y pase por una mesa técnica.
Tampoco se ha recogido la opinión del Ministerio del Ambiente y de Petroperú, nunca pasó por un proceso de consulta previa ni tampoco fue remitido a la CPAAEA para su opinión, ya que la Amazonía y el mar peruano son escenarios de frecuentes derrames de crudo, afectando el territorio y biodiversidad, además de la salud de quienes lo habitan.

Lo mismo ocurre en la costa, donde solo en Piura tiene el 85% de Pasivos Ambientales de petróleo a nivel nacional sin resolver, con grave riesgo para los habitantes de Talara, El Alto, Negritos, Zorritos, Cabo Blanco, Sechura, Paita y Parachique.

Y es que la norma de autoría del congresista de Acción Popular, Carlos Alva, pareciera tener “privilegios” que van a empresas a las que se extenderá esos beneficios en automático; al Grupo Graña y Montero (UNNA), que tiene el lote 5, además del Grupo Gutierrez (Petromont), que tiene el lote II y XV y a las empresas chinas estatales CNPC (China National Petroleum Corporation) con el Lote X y SAPET de los lotes VII y VI. Mucho peor cuando tienen la credibilidad como la empresa CNPC debido a que esta incumplió sus operaciones en lotes 192 y 8.

Nos preguntamos con legítimo derecho: ¿Por qué la prisa de sacar esta norma entre gallos y medianoche?, ¿nos beneficia como país?

¿No sería correcto primero resolver los pasivos ambientales de petróleo y derrames de hidrocarburo que tanto daño hacen a la salud, ambiente y biodiversidad?, ¿a quién o quiénes beneficia esta decisión?, ¿es rol del Congreso sacar leyes con nombre propio o hay conflictos de intereses con la SNMP?

Ojalá y el gobierno del Presidente Castillo haga valer los intereses del país y no ceda ante presiones que pone en riesgo nuestro futuro. Hemos vivido un desastre ambiental en Ventanilla, donde quedó demostrado que no existen estrategias de remediación ni planes de contingencia frente a derrames de petróleo y se sigue insistiendo tercamente en su producción en lugar de iniciar un proceso de transición hacia una nueva matriz energética para el Perú.

Claro, para los negacionistas de las bancadas de Acción Popular y el fujimorismo así como aliados, exportar o morir es el único camino hacia el “desarrollo” y el CC es un invento.
Estamos a tiempo de impedir un nuevo ecocidio y corresponderá nuevamente a la sociedad civil frenar un faenón más.

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Por: Maria Elena Foronda Farro – Instituto Ambientalista Natura

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